La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló en noviembre una red que, según la Revista Seguridad & Defensa, usaba la fachada del tiro deportivo para comprar municiones de forma legal y desviarlas al mercado ilícito. El caso se conoce como Operación Vector.
Cómo operaba la red
- Estatus legal: el principal imputado tenía 6 armas inscritas y registro vigente como tirador deportivo, lo que le permitía comprar grandes volúmenes de munición.
- Sin práctica real: aunque compró más de 17.250 cartuchos entre 2025 y 2026, los clubes de tiro confirmaron que no asistía a las canchas.
- Reventa: compraba cajas de 50 cartuchos 9 mm a unos $35.000 y las revendía en cerca de $120.000.
La investigación se inició por un cruce de datos que mostró compras muy superiores a la actividad real del tirador. El caso está en investigación y los imputados mantienen su presunción de inocencia.
Las brechas que expone
El sistema de control de armas se rige por la Ley 17.798 y lo administran la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y Carabineros. El análisis de la revista apunta tres brechas:
- Los cupos de compra para deportistas y cazadores son mucho más altos que para defensa personal, y se multiplican con cada arma inscrita.
- No existe un registro en línea que obligue a los clubes a informar la asistencia y el consumo real de munición.
- Los cartuchos no tienen un marcaje único asociado al comprador, lo que dificulta rastrearlos.
¿Y en la seguridad privada? Solo los vigilantes privados pueden portar armas en sus funciones, siempre con autorización, formación específica y bajo estricto control. El guardia de seguridad no porta armas de fuego. Una cadena de custodia rigurosa de armas y municiones es parte central de la formación del vigilante.